Érase una vez un comerciante de armas cuya empresa fabricaba bombas de racimo
que vendía,
entre otros, al gobierno de su país.
Y resultó que su país firmó
un convenio internacional contra esas bombas,
y dejó de comprarlas.
Entonces
el comerciante denunció al gobierno por dejar de comprar esas armas
(habrá que suponer
que habría un contrato con la empresa
fabricante que le comprometía a unas compras con sus correspondientes pagos).
fabricante que le comprometía a unas compras con sus correspondientes pagos).
Y resultó que hubo un cambio de gobierno, y el nuevo presidente tuvo
la ocurrencia de nombrar como ministro de Defensa a dicho comerciante de armas:
¿alguien lo puede mejorar?
Ahora el
comerciante, transmutado en ministro,
pagará a su antigua empresa la
indemnización correspondiente,
un pellizquito de 40 millones de
euros.
PREGUNTA: ¿de qué país y de qué época son estos hechos? ¿del quinto
mundo? ¿de un pasado oscuro? La respuesta a continuación.
El Ministro de Defensa de España (Sr. Morenés) pagará 40 millones a su antigua
empresa por prohibir las bombas de racimo
(por cierto, también vendió las usadas por Gadafi contra su pueblo).
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